Sería injusto decir que el Gobierno de la Ciudad de México no ha enfrentado las consecuencias del sismo que en unos días cumple un año de ocurrido. De entonces a la fecha, hay un sinnúmero de acciones legales, financieras y de operación. Pero todas están marcadas por la confusión y la opacidad.
Para empezar, no se sabe exactamente de cuánto dinero se dispuso y cuánto y cómo se ha gastado. Las cifras que presenta el gobierno capitalino en lugar de despejar, generan más dudas.
No hay una sola cifra que indique el total y cómo se integró, considerando los fondos locales, federales y las donaciones.
En un principio, parecía haber claridad en lo que se gastó en 2017 con el presupuesto que ya estaba autorizado para ese año y que sirvió para responder a la emergencia, que fueron dos mil 584 millones de pesos.
La confusión empezó con la intervención de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México al definir el presupuesto para 2018. Ahí fue donde la política, en pleno proceso electoral, se apoderó de la reconstrucción.
La propia ALDF había aprobado una Ley de Reconstrucción que a la hora de ponerla en operación generó la mayor opacidad en torno al manejo de los recursos.
De acuerdo con la Ley de Reconstrucción, la responsable de esa administración sería la Comisión de Reconstrucción, creada por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, ahora senador del PRD y que llegó por la lista del PAN en virtud de la alianza electoral de ambos partidos y luego de una dispensa que le otorgó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Pero el esquema previsto por la ley quedó anulado cuando la ALDF emitió un Decreto sobre el ejercicio de los recursos. Los asambleístas del PRD Leonel Luna y Mauricio Toledo, y del PAN, Jorge Romero, desde las comisiones de Presupuesto y la de Gobernación decidieron que la ALDF, es decir, ellos, definirían cuánto y a dónde se irían el dinero de la reconstrucción.
Los integrantes de la Comisión de Reconstrucción renunciaron ante esa decisión contraria a la Ley de Reconstrucción adoptada por esos asambleístas que ahora son diputados federales, con excepción de Luna, que no logró llegar por la votación de Morena.
Mancera tuvo que recomponer la Comisión, con funcionarios que estuvieron bajo su mando y ya no encabezada por ciudadanos independientes, como inicialmente pasó, y a partir de marzo las asignaciones han sido conforme a lo decidido por la ALDF. En la práctica, la Comisión está administrando lo decido por los diputados que integraron la coalición electoral Por México al Frente.
Es inexacto decir que no hay información. Pero la que existe es incompleta y confusa. No solo respecto a los recursos, sino a las afectaciones reales del sismo, tanto de personas como de inmuebles, particulares y públicos.
Apenas en junio se creó un fideicomiso para la reconstrucción o rehabilitación de multifamiliares, pero sigue sin saberse el universo y manejo de los recursos.
Peor todavía es que carecemos de un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentra la Ciudad de México en caso de que ocurra un nuevo sismo de gran magnitud.
Con información de: Proceso
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