A cuatro años de las desapariciones de Ayotzinapa: ¿Cuáles son las deudas pendientes?

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal ‘Isidro Burgos’ de Ayotzinapa (Guerrero) fueron desaparecidos en Iguala, en un hecho en el que estuvieron involucrados autoridades y policías municipales, grupos de narcotráfico locales y el Ejército mexicano. El Gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) trató de convencer a los padres de esos normalistas y a la sociedad en general, que los jóvenes habían sido secuestrados, asesinados e incinerados por miembros de Guerreros Unidos, un grupo de narcotráfico local, tratando de producir una “verdad histórica” que diera por terminada la búsqueda de los 43 normalistas. La versión oficial fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el grupo de investigación nombrado de común acuerdo entre el Estado mexicano, los padres de los normalistas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La no coincidencia de las versiones desencadenó que los miembros del GIEI fueran hostigados por las autoridades y prácticamente obligados a salir de México.

Desde hace cuatro años, los padres de los normalistas no han cesado en la búsqueda de sus hijos y la sociedad mexicana ha tratado de acompañarlos, conscientes de que lo que pasó en Iguala representa el pan de cada día en muchas partes de la geografía nacional. No son solo 43 estudiantes, son más de 30.000 desaparecidos cuyos familiares no saben que sucedió con ellos. Forman parte de esta misma tragedia lo mismo los 72 migrantescentroamericanos asesinados en la frontera norte en agosto de 2010 en San Fernando (Tamaulipas), que los casi 300 cadáveres que deambulaban por Jalisco en un tráiler debido a la falta de espacio para almacenarlos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hace una semana. La indolencia en el Gobierno parece apostarle a una institucionalización “del olvido al no me acuerdo” para los desaparecidos, negándoles a 30.000 familias la posibilidad de encontrar algún tipo de paz al condenarlas eternamente a la incertidumbre de lo que pudo haberles sucedido a sus familiares.

Por otra parte, Ayotzinapa se une también a dos narrativas sobre el papel que desempeñan las fuerzas encargadas de velar por nuestra seguridad como policías locales y federales, el Ejército o la Marina. En el caso de las fuerzas armadas (Ejército y Marina), en el mejor de los casos, realizan tareas de seguridad pública para los que no están preparadas, por lo que suelen emplear un uso desmedido de la fuerza, a la vez que practican ejecuciones extrajudiciales o alteran las escenas de los crímenes. Así pasó en Tanhuato, en Tlatlaya, en Apatzingán, y así pasó en Monterrey cuando el Gobierno anunció la muerte de dos supuestos sicarios “armados hasta los dientes”, pero  que en realidad se trataba de dos alumnos de excelencia del Tecnológico de Monterrey (una universidad privada), quienes fueron torturados y asesinados por militares. Esta última historia ha quedado al desnudo en el recién estrenado documental ‘Hasta los dientes’ (Alberto Arnaut, 2018).

En el caso de Ayotzinapa es evidente que el Ejército mexicano y en concreto el 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, sirvieron para crear una seguridad perimetral que permitió al grupo delictivo de Guerreros Unidos y a la policía municipal actuar a placer contra los normalistas de Ayotzinapa. Al menos hicieron eso, aunque pudieron tener una parte mucho más activa dado el tráfico de amapola y heroína que se hace desde Guerrero y hasta Chicago, algo de lo que el Ejército tiene conocimiento y en cuya operación algunos de sus miembros están involucrados sin duda. Otra arista internacional en el caso es el tráfico de armas producidas por una empresa alemana, Heckler & Koch, cuyos fusiles de asalto G-36 se encontraron en el arsenal de la policía de Iguala a pesar que desde 2005 el Gobierno alemán vetó a los estados mexicanos de Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco para recibir armas de exportación alemanas por ser regiones violentas donde se violan los derechos humanos.

Estas dos cuestiones internacionales (Chicago y Alemania) nos llevan a la segunda problemática: los cuerpos de seguridad que se encuentran relacionados con el crimen organizado. Durante años, miembros de la cúpula castrense han sido involucrados con el narcotráfico como proveedores de seguridad y de información, a tal punto que a nadie escapa que el Gobierno de Estados Unidos lleva mucho tiempo prefiriendo colaborar y dotar de equipo e información a la Marina en la lucha contra el narcotráfico, al considerar que esta institución se halla menos infiltrada y corrompida. Así, casi todas las capturas de los grandes narcotraficantes las ha realizado la Marina y no el Ejército. Por otra parte, las policías locales se encuentran en muchos municipios al servicio del crimen organizado, como lo muestra el caso en Ayotzinapa con la policía de Iguala. En otro ejemplo, para no ir muy lejos en el tiempo y la geografía, hace cuestión de horas el Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), conformado por fuerzas federales y estatales, ha tomado el control de la seguridad pública en Acapulco ante los indicios que la policía local se encuentra altamente infiltrada por el crimen organizado.

El futuro Gobierno

A cuatro años de los sucesos de Ayotzinapa, los padres de los normalistas y la sociedad en su conjunto siguen pidiendo lo mínimo: verdad y justicia. Este caso será un importante rasero con que se medirá la política de derechos humanos y la de seguridad interior del Gobierno entrante de López Obrador. En materia de derechos humanos han comenzado bien ya que se proyecta crear una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, el próximo subsecretario de Gobernación a quien los padres de los normalistas observan con voluntad y disposición para la tarea. De igual manera, AMLO ya solicitó formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el regresó al país de los expertos de la GIEI, para coadyuvar en sus tareas a la Comisión de la Verdad.

En materia de seguridad interior se impone el regreso, paulatino, de las fuerzas armadas a los cuarteles, ya que el alto nivel de letalidad e impunidad muestra que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles y no de las militares. El colectivo #SeguridadSinGuerra que aglutina a más de 300 organizaciones y expertos en la materia, aboga por un fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia y una profesionalización de los cuerpos policiales para poder revertir la militarización de la seguridad pública, que se pretende normalizar con la Ley de Seguridad Interior, aprobada en diciembre del año pasado. Si el nuevo Gobierno procura avanzar en la pacificación del país se hace indispensable abrogar esta ley y mejorar la profesionalización de las policías locales a la vez que se intentan nuevas alternativas, como la despenalización de la marihuana.

La tarea es tan grande que es probable que México no encuentre la paz total en el siguiente Gobierno, pero éste debe hacer esfuerzos en propuestas y trabajos que puedan conducirnos, aunque sea en el largo plazo, a la reconciliación y pacificación nacionales. Se lo debemos a los normalistas de Ayotzinapa y a los más de 30.000 desaparecidos y sus familias. Nos lo debemos como país.