Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 20 de febrero del 2023.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván encabezó el arranque de la 3era etapa del curso de Alta Formación en aplicación del “Protocolo de Estambul” el cual será impartido a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Este curso será impartido por el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos (CIDH) a través de ponencias de expertos en el tema quienes pertenece a los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos el gobierno de Chihuahua busca posicionar al estado como el primero a nivel Latinoamérica en recibir la certificación de alta profesionalizadión en la aplicación del Protocolo de Estambul.
En su participación Campos Galván aseguró que este curso es un paso importante a la estrategia integral de seguridad que busca lograr la dignificación de los cuerpos de seguridad, así como la incorporación de las herramientas tecnológicas de punta para recuperar la confianza de los chihuahuenses a los cuerpos de seguridad.
En su mensaje, la jefa del Ejecutivo dijo que, “hablar del protocolo Estambul es hablar de un consenso internacional, de códigos éticos y de normas jurídicas en contra de la tortura, el trato inhumano y degradante”.
De igual forma ratificó que el mejor camino es una justicia administrada conforme a la ley, como instrumento para garantizar la paz y la tranquilidad de todos. «Nunca más debe ser utilizada como arma política o como instrumento necio del poder», agregó.
Por su parte, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui expresó que » Chihuahua a través de la Fiscalía General del Estado es la primera entidad en recibir la certificación, es por eso que la justicia en Chihuahua va a caminar de la mano con los derechos humanos».
Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más frecuentemente desde que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares o centros de detención ilegales. En ocasiones, las confesiones obtenidas bajo tortura se usan como prueba en procesos penales.
En 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México encuestó a más de 64.000 personas encarceladas en 338 cárceles mexicanas en todo el país. Casi dos de cada tres (el 64 %) reportaron algún tipo de violencia física en el momento de la detención, incluyendo descargas eléctricas, estrangulamiento o asfixia. Entre 2013 y 2018, 2.751 personas privadas de libertad murieron en cárceles federales y estatales, según datos obtenidos por el Comité contra la Tortura de la ONU.
Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) inició más de 9.000 investigaciones sobre tortura. Según la Fiscalía, su Dirección General de Especialidades Médico Forenses intervino en 1.903 presuntos casos de tortura en 2019 y la CNDH recibió 84 quejas de tortura entre enero y septiembre de 2019. En su análisis de México de 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU destacó que de 3.214 denuncias de tortura en México realizadas tan sólo en 2016, apenas ocho dieron lugar a una detención y un juicio. El Comité contra la Tortura expresó su preocupación ante información de que la justicia comúnmente falla en investigar los señalamientos de tortura, y se traslada la carga de la prueba a las víctimas.
Existen graves deficiencias en las investigaciones. En 2018, la Oficina en México de la ACNUDH publicó una investigación en la que indicó haber hallado “sólidos motivos” de que al menos 34 detenidos habían sido torturados durante la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. En junio de 2019, medios locales difundieron un video en el cual se ve a uno de los 34 detenidos atado, con los ojos vendados y sometido a asfixia, descargas eléctricas y golpizas durante el interrogatorio realizado por las autoridades. En septiembre, se absolvió a uno de los principales sospechosos de las desapariciones de Ayotzinapa debido a irregularidades y violaciones de derechos humanos durante las investigaciones, incluyendo tortura. Cuando se elaboró el presente informe, 77 personas habían sido absueltas en el caso, por motivos similares.
La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada en 2017, procuraba combatir esta práctica y excluir de los procedimientos judiciales los testimonios que se obtuvieran mediante tortura. Sin embargo, su implementación ha sido lenta. El Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura (MNPT), vinculado con la CNDH, informó en 2018 que menos de la mitad de los estados mexicanos habían adoptado leyes similares, conforme lo exige el derecho nacional. Hasta noviembre de 2019, la FGR todavía no había cumplido el requisito establecido en la ley de contar para diciembre de 2017, con infraestructura para un registro nacional de tortura.
