Por: La Redacción.
Condado de Doña Ana, EUA., a 27 de abril del 2024.- Un exagente del Sheriff de Doña Ana,Michael A. Martínez, de 34 años, se declaró culpable de violar los derechos civiles de una detenida mujer al agredirla sexualmente dentro de su patrulla y de obstruir la justicia al intentar destruir el sistema DVR de su patrulla WatchGuard, que había grabado imágenes de las cámaras internas de su patrulla durante la agresión sexual.
Según el acuerdo de culpabilidad, en el momento del delito, Martínez trabajaba para la Oficina del Alguacil de Doña Ana en el Condado de Doña Ana, Nuevo México, con sede en en Las Cruces.
El 30 de abril de 2023, Martínez respondió a un accidente automovilístico y arrestó a la víctima por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI) y manejar de manera imprudente. Martínez transportó a la víctima a un centro médico y, después de que la víctima recibiera autorización médica, le esposó las manos detrás de la espalda y la volvió a poner dentro de su patrulla, donde comenzó a agredirla sexualmente. Después, la transportó al Centro de Detención de Doña Ana.
Varias horas después, Martínez intentó destruir físicamente el sistema DVR de su patrulla WatchGuard, que es el sistema de cámaras de video internas de la patrulla que, entre otras cosas, graba y almacena imágenes de la cámara trasera de la patrulla. Martínez, correctamente, creía que el sistema DVR contenía una grabación de video de él agrediendo sexualmente a la víctima en el asiento trasero de su patrulla e intentó destruir y ocultar esa grabación de cualquier investigación futura.
Una audiencia de sentencia se programará en una fecha posterior. Martínez enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y hasta tres años de libertad supervisada. Además, Martínez debe pagar restitución a la víctima y, al ser liberado, cumplir con los requisitos estatales y federales de registro de delincuentes sexuales.
Un juez de un tribunal federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores estatutarios.
La Oficina de Campo del FBI en Albuquerque, Resident Agency de Las Cruces, investigó el caso, con la asistencia de la Oficina del Sheriff de Doña Ana y la Policía Estatal de Nuevo México.
La Fiscal Adjunta de los Estados Unidos Matilda Villalobos para el Distrito de Nuevo México y la Abogada de Juicio Laura Gilson de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia están procesando el caso.
«La violencia sexual policial dirigida a mujeres bajo su custodia son crímenes atroces que no tienen lugar en nuestra sociedad», dijo la Fiscal Adjunta General Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
«Este acusado utilizó su autoridad como arma, explotó el poder de su placa, esposó a la víctima y la agredió en el asiento trasero de su vehículo. No podemos ni debemos normalizar la violencia y explotación sexual policial”, agregó.
